Un equipo técnico del Defensor del Pueblo Andaluz se ha desplazado este martes a los municipios de Lepe y Lucena del Puerto para conocer sobre el terreno la situación de la población residente en los asentamientos irregulares, que se ha visto agravada tras los incendios de los últimos días.
La situación preocupa, y mucho. Ha sido calificada de crisis humanitaria, máxime en mitad de una pandemia de coronavirus que puede acabar afectando a un sector de la población que no cuenta con residencia habitual y cuando la encuentra es en medio del campo, sin agua, ni higiene ni servicios de ningún tipo.
El Defensor del Pueblo Andaluz, a través de su equipo técnico, ha reiterado una vez más su preocupación por la situación de la población residente en estos núcleos y la necesidad de regularizar esta mano de obra necesaria y trabajar en la integración de estas personas, según ha destacado la Oficina en su página web.
Una preocupación que también ha trasladado al Defensor del Pueblo estatal dentro del ámbito de sus competencias y colaboración con la Defensoría y recientemente al Parlamento de Andalucía durante su intervención en la Comisión para la Regeneración de Andalucía tras el COVID-19.
Esta visita coincide con la protesta que mantienen los inmigrantes ante el Ayuntamiento de Lepe. Los afectados por los incendios de la pasada semana están acampados desde el pasado viernes frente al Ayuntamiento local para pedir soluciones a la carencia de viviendas, ya que lo han perdido todo.
También recalcan que en la reunión mantenida con el Consistorio el pasado lunes no se llegó a ningún acuerdo.
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