La historia de Jenifer es una de las muchas historias de dolor que viven las personas migrantes. En su viaje de Colombia a España para buscar refugio, perdió a su bebé en circunstancias desgarradoras. Su historia es un recordatorio claro de por qué debemos luchar por los derechos de los migrantes y la justicia social.
La situación de los solicitantes de asilo en Madrid es alarmante. Familias enteras con niños sin poder escolarizar se encuentran durmiendo en las calles a pesar del frío, debido al colapso del sistema de asilo. La incertidumbre y desesperación de estas personas parece no tener fin.
La Oficina de Asilo y Refugio (OAR) en España recibió un total de 118,842 solicitudes de protección internacional en 2022, pero solo concedió 35,159.
“Están amenazadas de muerte por los talibanes. Han sufrido palizas y violencia sexual y el 95% están desnutridas. No tienen ni para comer y llevaban meses esperando estas citas que España ha anulado.”
Tras la intervención del Defensor del Pueblo y la decisión del Ministerio de Inclusión, miles de familias podrán continuar residiendo, trabajando y cotizando a la Seguridad Social, a la espera de las resoluciones definitivas. La decisión tendrá también impacto en la atención sanitaria que tienen derecho a recibir.
Para pedir protección internacional en España, hay que llamar “a sus puertas”, según dice Fernando Grande-Marlaska. Sin embargo, sus palabras chocan estrepitosamente contra la realidad. “En la práctica es imposible”, dicen testimonios y expertas.
La resolución de expedientes que determina quién será reconocido como refugiado y quién no, puede llevar años de espera en Madrid. La lentitud de Interior, que fue muy eficiente en el caso de los ucranios, afecta todo el sistema de acogida.
Los más de 7 mil afectados no consiguen regularizar su situación de asilo pues, para más inri, casi no hay citas disponibles y solo hay una delegación de la Policía Nacional para atender las solicitudes.
Solo un hombre, reconocido como apátrida, ha recibido la autorización para ingresar en territorio español. También podrá entrar una mujer, la única a la que se le ha admitido a trámite su solicitud de protección internacional.
El Gobierno defiende que se cumplió “estrictamente con la normativa vigente” y que no se ignoraron los derechos humanos de Benhalima a pesar de las denegaciones de asilo.