Las fuerzas de seguridad de Palma (Islas Baleares) han desenmascarado a un agente de la Policía Local involucrado en una operación clandestina de explotación migratoria. Durante dos años, este funcionario ha convertido hasta 73 trasteros y locales comerciales en inhóspitos rincones para albergar a migrantes vulnerables. La tarifa por estos espacios insalubres oscilaba entre 300 y 750 euros al mes, que alquilaba a migrantes, en su mayoría de origen hispanoamericano. Las víctimas de esta explotación residían en graves condiciones de insalubridad extrema.
Condiciones inhumanas y fraude descubiertos
La investigación reveló que, al concluir su jornada laboral en la comisaría, el agente se dedicaba a gestionar múltiples inmuebles en Palma, principalmente en las zonas de Gomila y las proximidades de calles como Manuel Azaña, Foners, Lluis Sitjar y sa Indiotería. Los habitáculos, que carecían de iluminación y ventilación adecuadas, eran transformados en microviviendas, con un espacio de apenas 8 a 15 metros cuadrados. Estos espacios, que se hacían pasar como viviendas, contenían apenas lo básico: un WC, una ducha, un hornillo y un frigorífico. Algunos trasteros incluso albergaban bombonas de gas, representando un peligro evidente en caso de fuga.
Fraude eléctrico y empadronamiento irregular
El presunto autor de estos hechos no solo se limitaba a condiciones infrahumanas, sino que también implementó un sofisticado sistema para controlar el consumo de electricidad en estas «viviendas». Esto le permitía manipular las facturas de luz para que los inquilinos pagaran más de lo consumido.
La situación tomó un giro aún más surrealista cuando una de las víctimas empadronó fraudulentamente a otras 12 personas. Esta acción, sumada a las detestables condiciones en las que estas personas vivían, destaca la vulnerabilidad extrema de quienes buscan una vida mejor.
Urgen medidas de protección a las víctimas
El funcionario está siendo investigado por presuntos delitos de favorecimiento de la inmigración irregular, contra la integridad moral y estafa. En un mensaje en Twitter, la consellera Marta Vidal anunció que se abrirá un expediente sancionador contra el agente detenido. Este expediente, actualmente en fase de instrucción, busca imponer la sanción correspondiente por la creación de infraviviendas en violación de la ley.
Este vergonzoso caso subraya la urgente necesidad de fortalecer las medidas contra la explotación de migrantes y la importancia de una supervisión más estricta de aquellos en posiciones de autoridad. La lucha por los derechos humanos y la dignidad de los migrantes debe ser una prioridad constante en nuestra sociedad.
Fuente: https://www.eldiario.es/
En este artículo:
- Explotación de migrantes en Palma
- Detención de policía por alquiler de viviendas precarias
- Condiciones insalubres en microviviendas
- Derechos humanos de migrantes en riesgo
- Vulnerabilidad de migrantes hispanoamericanos
- Acciones sancionadoras por explotación de migrantes
- Protección de derechos de migrantes en la sociedad
- Prevención de explotación de personas vulnerables
- Justicia y seguridad para migrantes en Palma
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