La visita de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, a Lampedusa ha dejado al descubierto un plan que genera inquietudes profundas en el contexto de los derechos humanos y la crisis migratoria en Europa. Este plan, presentado como un “plan de acción” para ayudar a Italia, plantea medidas que, en realidad, parecen inclinarse más hacia la represión que hacia la solidaridad.
Esto después de que el gobierno ultraderechista italiano exigiera medidas contra los refugiados. El vicepresidente del gobierno italiano, Matteo Salvini, conocido por su discurso xenófobo antiimigrante y sus frecuentes ataques a las oenegés que rescatan a migrantes en el Mediterráneo, alentaba una supuesta conspiración detrás de la llegada de personas refugiadas.
“Los desembarcos de Lampedusa son el símbolo de una Europa que no está presente. Cuando llegan 120 barcos en pocas horas no es un episodio espontáneo, es un acto de guerra. 6.000 personas en 24 horas no llegan por casualidad. Estoy convencido de que hay una organización detrás de este éxodo. Creo que es algo deliberado, organizado, financiado también para meter en problemas a un Gobierno incómodo”, ha dicho en declaraciones a los medios locales.
“Nosotros decidiremos quién viene a Europa y en qué circunstancias”
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado diez medidas ante la crisis por la llegada de migrantes a Italia. “Nosotros decidiremos quién viene a Europa y en qué circunstancias”, ha asegurado la líder de la UE durante una comparecencia junto a la ultraderechista Giorgia Meloni, primera ministra de Italia.
La Comisión Europea ha asegurado que serán medidas “inmediatas que deberán adoptarse respetando plenamente los derechos fundamentales y las obligaciones internacionales”, obviando que en los últimos meses, organizaciones humanitarias como Human Rights Watch o Amnistía Internacional han denunciado que el Gobierno ultraderechista de Meloni ha obstaculizado las capacidades de búsqueda y rescate en el Mediterráneo y ha aprobado leyes que restringen los derechos de los migrantes que llegan al país.
Estas medidas, en apariencia destinadas a abordar la crisis migratoria en Italia, han sido ampliamente criticadas desde una perspectiva de defensa de los derechos humanos y migratorios debido a que, en lugar de proteger a los más vulnerables, están diseñadas para reforzar el control de la UE.
Las medidas van desde la intensificación de las deportaciones a los países de origen, toma y procesamiento de huellas dactilares, interrogatorio y la remisión a las autoridades, rechazo de solicitudes de asilo, aumento de prohibiciones de entrada hasta inutilización de embarcaciones. Esto plantea serias preocupaciones sobre la seguridad y los derechos humanos de aquellos que huyen de situaciones desesperadas en busca de refugio.
Uno de los aspectos más preocupantes de este plan es la aceleración de las deportaciones de migrantes que no tengan reconocido el derecho al asilo, en coordinación con los países de origen de los migrantes para facilitar la repatriación, lo que en la práctica son las “devoluciones en caliente”.
El plan también propone reforzar Frontex, la agencia de fronteras de la Unión Europea, para “gestionar el elevado número de migrantes”, lo que plantea interrogantes sobre la militarización de las fronteras europeas y si se están respetando los derechos de los migrantes en el proceso.
La presidenta italiana, Giorgia Meloni, ha respaldado este plan y ha afirmado que “el futuro de Europa está en juego”. Sin embargo, su enfoque en la represión de las salidas ilegales y la prórroga de la detención de refugiados plantea dudas sobre si se están considerando alternativas humanitarias y centradas en los derechos.
En lugar de abordar la raíz del problema, que a menudo radica en la falta de oportunidades y la violencia en los países de origen, el plan de la UE se centra en reprimir, deportar y evitar las salidas para desincentivar el cruce del Mediterráneo.
Francia confirma su apoyo a las políticas migratorias del gobierno ultraderechista italiano
En un acto que ha desatado controversia y críticas en el ámbito de los derechos humanos, Francia ha confirmado su apoyo a las políticas migratorias del gobierno ultraderechista italiano liderado por Giorgia Meloni.
Sin embargo, lo que resulta aún más preocupante es la negativa de Francia a acoger a migrantes que lleguen a Lampedusa, alegando que su país ya no puede dar refugio a más personas y que las solicitudes de asilo deben ser estudiadas directamente en la frontera.
Esta postura, en apariencia alineada con el discurso de la extrema derecha italiana, plantea graves cuestionamientos sobre los compromisos de la Unión Europea en materia de derechos humanos.
El ministro del Interior de Francia, Gérald Darmanin, expresó su respaldo a las políticas de control fronterizo impulsadas por Italia, argumentando que “Francia no puede acoger a más inmigrantes irregulares”, y señalando que otros países europeos, incluyendo Italia, enfrentan la misma limitación.
Esta declaración, en la que Francia se desentiende de su responsabilidad humanitaria, contrasta profundamente con los principios de solidaridad y protección de los derechos de los refugiados que deberían prevalecer en la UE.
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