La ultraderecha sigue una estrategia antiinmigrante clara que consiste en atacar a menores migrantes no acompañados mientras intenta recortar el derecho de asilo y alargar el tiempo de internamiento de las personas migrantes en los CIE.
Esta estrategia se ha materializado recientemente en una manifestación en Casa de Campo y Batán, en la que se exigió el cierre del actual centro de menores no acompañados.
La manifestación fue alentada por la extrema derecha y se caracterizó por la difusión de bulos racistas y discursos xenófobos contra los jóvenes migrantes que residen en el centro. Los convocantes utilizaron el discurso de la “inseguridad” para justificar sus demandas y discriminar a los jóvenes migrantes que se encuentran en situación vulnerable en el país.
Javier Ortega Smith, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, estuvo presente en la manifestación y exigió el cierre del centro de Casa de Campo, utilizando la seguridad de los ciudadanos como pretexto. Es importante destacar que los jóvenes migrantes que residen en este centro son menores de edad que han huido de situaciones extremadamente difíciles en sus países de origen.
Al mismo tiempo, el partido ultraderechista presentó una propuesta de ley en el Congreso de España para reducir el derecho al asilo y prohibir que las personas migrantes puedan solicitar protección internacional o asilo desde los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). Para la ultraderecha, ejercer el derecho de solicitar asilo constituye un “fraude de ley generalizado”, aunque no ha presentado ninguna prueba de ello.
Además, ha exigido alargar el tiempo de internamiento en los CIE, ignorando numerosos informes y organizaciones de Derechos Humanos que han documentado y denunciado que son lugares inhumanos donde las personas migrantes son retenidas en condiciones precarias y sin garantías legales adecuadas.
Estas medidas son preocupantes y altamente discriminatorias. Prohibir a los migrantes solicitar protección internacional o asilo es una violación de sus derechos humanos y refleja claramente la postura antiinmigrante de la ultraderecha. Las solicitudes de protección internacional y asilo son un derecho fundamental que tiene que protegerse, tal como es necesario proteger a los menores, independientemente de su origen o situación migratoria.