La situación de las personas migrantes en España es un tema que ha estado presente en los medios de comunicación y en la sociedad en general durante los últimos años. Sin embargo, poco se ha hecho para mejorar las condiciones de vida de estos colectivos y garantizar sus derechos.
Una de las razones por las que esto ocurre es la falta de representación de las personas migrantes en los órganos legislativos españoles. Boutaina El Hadri, gerente de la ONG valenciana Jovesólides, se preguntó por qué hay tan poca representación migrante en los órganos legislativos españoles y concluyó: “No estamos porque pensamos que es difícil llegar ahí y porque además los partidos políticos no nos ven. Y cuando lo hacen nos perciben más como un problema que como una solución”.
Para cambiarlo, El Hadri y otras dos organizaciones valencianas del tercer sector lanzaron en 2019 la Escuela de Ciudadanía en Valencia. El objetivo de este proyecto es fomentar la participación de personas migrantes en política y hacer cantera. La escuela se ha financiado con fondos de la Generalitat valenciana y ha tenido una gran acogida entre las personas migrantes.
En la última edición de la escuela, se extendió la invitación a políticos de origen migrante para que los alumnos vieran que es difícil, pero no imposible, y hay gente que ha dado el paso. La escuela lleva tres ediciones y han participado 150 personas.
Un pilar importante de la escuela es abrir las puertas de los partidos políticos a las necesidades de los migrantes y para ello han invitado a sus cargos orgánicos, diputados o concejales a dar charlas. Los alumnos les han podido preguntar por qué hay tan poca representación migrante en las instituciones públicas valencianas y cómo podían acceder a ellas y a sus organizaciones. También los han sentado a debatir sobre sus políticas de migración y han elaborado una lista de 15 reivindicaciones que presentarán a finales de enero en un acto público.
Y es que por ejemplo en la Comunidad Valenciana, después de ocho años de gobierno del Botànic, solo hay una diputada de origen migrante, Irene Gómez, nacida en Perú, de Podemos. Esto demuestra que aún queda mucho por hacer para garantizar la representación de las personas migrantes en las instituciones públicas y garantizar sus derechos.
Es necesario que los partidos políticos hagan autocrítica y se comprometan a incluir a las personas migrantes en sus estrategias y programas políticos. Es crucial que las personas migrantes tengan voz y puedan participar en la toma de decisiones que afectan a su vida y a la sociedad en general.
FUENTE:
https://elpais.com/