Bajo la excusa de “remodelar” el servicio de protección a la infancia más vulnerable para mejorar las condiciones de niños, niñas y adolescentes, Isabel Díaz Ayuso esconde lo que de facto es un desmantelamiento de los centros públicos de menores tutelados en la Comunidad de Madrid en favor de su privatización a empresas privadas, además de una clara violación de los derechos más básicos de estos menores.
La Comunidad de Madrid pretende desmantelar hasta seis centros con el fin de sacar a los menores no acompañados del centro de Madrid y trasladarlos a unas instalaciones en las inmediaciones del aeropuerto de Barajas, rodeado de naves industriales donde no existe nada alrededor. Se asemeja más a un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), una cárcel, que a un lugar de protección de menores vulnerables. Es una medida exigida desde hace tiempo por el socio ultraderechista del Gobierno de Ayuso.
La Comunidad de Madrid arrasa los seis centros, en una decisión no recogida en ningún plan, ni ligada a financiación. Una medida viene a sumarse a una situación ya considerada como dramática en estos centros de menores, donde se ha denunciado la mala y escasa alimentación de los menores y la falta de personal para atenderlos correctamente.
Desde el año 1997 la Comunidad de Madrid no convoca una oferta de empleo público para cubrir plazas en residencias de menores, y que en esa ocasión solo se abrieron siete «cuando se necesitan cientos». Por ello, un 85% de los que trabajan con menores son temporales y un 80% se trata de mujeres que tienen ahora más de 50 años.
Además, Juan Calle, responsable sección sindical de menores de UGT, resalta otra incongruencia de la decisión: «Esto no solo dificultará la integración de los menores, sino también la posibilidad de los padres y madres de visitarlos, puesto que tendrán que viajar durante dos horas en cada sentido para poder ver a sus hijos».
Todo este plan de desplazamiento supone desarraigar a los menores y adolescentes de su barrio, del colegio, de los servicios médicos. En muchos de los emplazamientos donde serán recolocados, no hay colegios, ni tiendas, ni posibilidad de interactuar con nadie.
Los sindicatos UGT y CCOO afirman no saber con exactitud cuántos de estos centros son concertados, es decir, cuya gestión se ha cedido a una empresa, pero afirman que el 70% de las plazas que existen en la actualidad están bajo esta última modalidad. Critican la opacidad de los fondos destinados por el Gobierno de Madrid a esta política pública.
Juan Calle afirma que se trata de un gran negocio donde prima el precio más bajo, por lo que la calidad del servicio queda en un segundo plano. «Esto afecta a la atención a los menores, porque se contrata a personal no formado o con menos experiencia y en muchos casos más escaso que lo que se precisa. «La Comunidad afirma que sale más barato que tener a estos menores en centros públicos, pero no es cierto. Lo que pasa es que se da dinero a empresas privadas y no se mira la calidad».
FUENTE:
https://www.publico.es/sociedad/ayuso-asfixia-centros-menores-contentar-vox-empresas-privadas.html
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