La Embajada de Perú en Madrid ha pedido de manera “urgente” a las autoridades peruanas investigar “la presunta explotación y fraude” en la contratación de socorristas en España.
Las irregularidades fueron denunciadas en un reportaje de EL PAÍS del pasado domingo. Los testimonios y pruebas recogidos revelan fraudes, emisión de diplomas falsos y explotación laboral.
Es un negocio con tentáculos en España y Perú que se lucra de traer jóvenes que ni siquiera saben nadar. Mucho menos sacar a un ahogado del agua.
La Embajada de Perú en España ha anunciado en el comunicado que ha informado a las autoridades peruanas de los hechos denunciados y ha “solicitado el urgente inicio de las investigaciones, dando cuenta de una presunta explotación y fraude en la contratación de socorristas peruanos para trabajar en piscinas y playas de España”.
Además, se compromete a emprender las acciones legales pertinentes en el país andino.
Explotación laboral y fraude a jóvenes peruanos
La cara B de ser un socorrista extranjero en España la descubren ellos mismos según avanza el proceso de captación, formación y contratación. En los casos denunciados, el fraude implica perder ahorros, ser explotado laboralmente en piscinas de comunidades de vecinos, encadenar hasta un mes sin librar, pagar por documentos que resultan falsos y hasta obtener certificados de cursos de socorrismo que nunca se han hecho por 200 euros. Algunos de estos socorristas ni siquiera saben nadar o practicar primeros auxilios.
Solo en Madrid, los empresarios del socorrismo se reparten más de 10.000 piscinas comunitarias, sin contar con las públicas. Si se parte de que un contrato medio para vigilar y mantener la piscina ronda los 10.500 euros al año, el negocio asciende a más 105 millones de euros por temporada.
Tras este millonario negocio, un grupo de socorristas, de entre 20 y 35 años, ―solo esta temporada han llegado más de 1.000 a España―, ha decidido contar su historia tras vivir el peor verano de sus vidas. Hablan bajo condición de anonimato. Temen ser expulsados de España o que estas empresas tomen represalias. “Nos sentimos engañados y desamparados. Hemos perdido mucho dinero”, cuentan. Sus testimonios son apenas la punta del iceberg.