Con la acogida y gestión de refugiados de Ucrania Europa está siendo capaz de administrar una respuesta diferente y bastante más acomodada a los valores que propugna.
Esta perspectiva justifica una pluralidad de medidas adoptadas entre las que se encuentra la activación, por primera vez, del mecanismo de protección temporal contemplado en la Directiva 2001/55 de 20 de julio para los casos de afluencia masiva de personas desplazadas.
El objetivo consiste en reducir de forma drástica los trámites burocráticos para todos aquellos nacionales, refugiados o residentes en Ucrania que hayan abandonado el país desde el pasado 24 de febrero.
Es una fórmula de protección válida para un año y garantiza a todos un conjunto de derechos armonizados en los Estados miembros de la Unión y que exime a los solicitantes de acudir a la más compleja fórmula del asilo.
Con todo, la respuesta acertada al drama humano que acarrea una guerra como la que estamos viviendo no exime a la Unión Europea de seguir avanzando en la configuración de una política de inmigración y asilo más ambiciosa que la actualmente vigente.
Resulta difícil negar las deficiencias de un modelo cuyas consecuencias resultan especialmente gravosas para países como España, Italia, Grecia o Malta.
El documento que la Comisión Europea planteó en septiembre de 2020 bajo el título Nuevo pacto para la migración y el asilo contenía los fundamentos de un nuevo armazón jurídico en la materia, pero la fuerte contestación de algunos Estados y del Parlamento Europeo impidió su aprobación.
La afluencia masiva de desplazados que deja ahora la crisis de Ucrania y el respaldo de la ciudadanía europea a su acogida pueden ser el incentivo que las instituciones europeas necesitaban para retomar la cuestión y hacer de la inmigración y el asilo una prioridad en la agenda política de la Unión.
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