El militar y activista argelino Mohamed Benhalima, condenado a diez años de prisión en su país por sus denuncias públicas de la corrupción de los altos cargos militares del Ejército y por su participación en el movimiento popular de protesta Hirak, ha ingresado en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapadores, en Valencia, a la espera de su deportación. A pesar de contar con el apoyo de organizaciones como Amnistía Internacional, el Ministerio del Interior ha declinado concederle el asilo.
“El Gobierno ha rechazado su solicitud de protección internacional y ha dictado su expulsión a Argelia a pesar de que corre riesgo de ser detenido y torturado”, sostiene la campaña CIES No. Benhlima ingresó en el recinto de Zapadores tras habérsele incoado un procedimiento sancionador por estancia irregular en España.
El caso de Mohamed Benhalima es idéntico al de su compatriota Mohamed Abdellah. El también exiliar argelino fue deportado desde el CIE de Barcelona. Amnistía Internacional ha documentado que al menos cuatro activistas han sufrido tortura y otros malos tratos por parte de las fuerzas de seguridad argelinas en los últimos tres años por su participación en el Hirak.
“Queda demostrado una vez más”, afirma un portavoz de la campaña, “que las políticas migratorias se traducen en la persecución, encierro y deportación de personas migrantes, una violencia institucional que afecta incluso a aquellas que corren riesgo de sufrir tratos inhumanos si son expulsadas y que deberían estar siendo protegidas”.
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