En España hay 45.000 (21 millones en todo el mundo) personas víctimas de trata, obligadas bajo coacción a vender su cuerpo a cambio de dinero. Son los datos oficiales, es decir los que hacen referencia a los casos reportados o identificados y que tienen derecho al asilo.
Sin embargo hay muchas otras que no forman parte de esta lista, porque cuando logran escapar, ninguna institución las considera como víctima de trata. No les ofrecen asilo en España, tal como establece la legislación vigente, sino que administrativamente las consideraron migrantes en situación irregular, dando por sentado que ejercían voluntariamente la prostitución.
«Me trataban como a una migrante irregular y me decían que qué bien que hubiera dejado de prostituirme, pero que ahora tocaba buscarse la vida, como si yo hubiera decidido libremente venir aquí a hacer la calle», recuerda Veruska, una víctima en esta situación.
El derecho de asilo para las víctimas de trata está reconocido desde el 2012, pero el problema es que muchas no son detectadas a tiempo y no pueden beneficiarse de este trato y, por el contrario, tienen que pasar por el mismo periplo administrativo que cualquier migrante irregular.
¿Por qué no se les reconoce el derecho de asilo?
La principal explicación detrás de esta realidad es que muchas víctimas de trata no se consideran como tales, resignadas. Los asistentes sociales tampoco detectan la situación real de estas mujeres y no las derivan a las entidades que las podrían ayudar a salir de la calle y a tramitar el asilo.
Si se les hubiera identificado correctamente como víctimas de trata, ahora no estarían en situación administrativa irregular, sino que ya tendrían papeles y permiso de trabajo. En lugar de eso, siguen sufriendo entre trabajos temporales y mal remunerados y la incertidumbre.
Para poder iniciar un proceso de asilo por estos motivos se tiene que poder demostrar que se ha migrado engañada u obligada a ejercer la prostitución.
Desde la iniciativa Cope&Hope han realizado una campaña que, bajo el nombre de “El viaje más caro del mundo”, busca crear una red de alianzas para responder a las necesidades laborales de estas mujeres que, por el hecho de no haber sido detectadas a tiempo, no tienen permiso de trabajo.
A día de hoy, cuentan con una cincuentena de personas voluntarias y algunas empresas que se ofrecen a hacer contratos de jornada completa y un año a estas mujeres, para que puedan acceder a sus permisos.
Ante esta situación, tanto CEAR como Cope&Hope aseguran que, más allá del esfuerzo de las entidades sociales, lo que hace falta es un cambio legislativo, tanto en lo referente a la Ley de Extranjería como a la Ley contra la Trata. De hecho, esta última debía ser llevada al Congreso el pasado enero, según dijeron Unidas Podemos y el PSOE, pero todavía no se sabe nada de ella.
Esta propuesta, elaborada por ambas formaciones, incluiría un plan de inserción socio-laboral y aseguraría que la situación administrativa irregular no fuera un “impedimento en el acceso a todos sus derechos como víctimas”.
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