La Consejería de Educación de Murcia, que dirige la política de Vox Mabel Campuzano, está violando el principio constitucional de libertad ideológica y religiosa de los ciudadanos y el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban formación religiosa y moral de acuerdo con sus convicciones.
Así de contundente se muestra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia que ha reconocido el derecho de una familia a que sus hijos reciban clases de religión islámica en un colegio público de la comunidad. Esa asignatura no se imparte en ningún centro murciano pese a que en la región estudian unos 23.000 menores que profesan ese credo, según los datos aportados por la Comisión Islámica de España.
La sentencia da la razón a una madre de Cartagena que lleva varios cursos pidiendo a la Consejería de Educación que ponga en marcha esas clases, que están previstas en la ley a nivel nacional desde 1992. “Basta con que haya 10 alumnos en un colegio que soliciten las clases y yo recabé casi 50 solicitudes”, explica. No le sirvieron para nada, porque la consejería nunca le dio respuesta.
Decidió entonces acudir a los tribunales: “No solo por mí, sino por toda la comunidad islámica de Murcia [unas 140.000 personas], que está esperando a que alguien se mueva, a que alguien reconozca su derecho como se reconoce el de las demás religiones”, añade. Muchos, asegura, no pueden dar el paso por falta de recursos o de conocimientos, incluso por dificultades con el idioma. Este último no es un problema para ella, ya que es española.
La sentencia advierte de que “el derecho fundamental de los hijos de la recurrente a recibir enseñanza religiosa islámica en los centros públicos que cumplan los requisitos en la Región de Murcia no ha sido respetado dada la inactividad de la Administración en cumplimentar el proceso iniciado para que se pudieran impartir clases de religión islámica”. Condena además a la Administración a pagar las costas del proceso.
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