A María y a Rosa, cuidadoras migrantes, las echaron de sus trabajos durante la séptima ola, a las dos sin indemnización y a las dos las acusaron de haber llevado el covid a casa de sus empleadores. La primera tenía contrato, la segunda, no.
María fue contratada el año pasado para cuidar como interna a dos personas mayores en Calatayud, pero cuando llegó «eran tres». Una de ellas «me trataba fatal, me tiraba la comida…», cuenta; y «eran sabedores de que tenían covid». Comenzó a trabajar el 28 de octubre y el 6 de noviembre dio positivo. Estuvo hospitalizada 11 días y el día que le dieron el alta, «la patrona me echó del trabajo sin un duro», asegura.
Algo parecido le ha pasado a Rosa. Ella trabajaba dos horas en una casa pero «la señora dio positivo y me dijeron que no fuera a trabajar durante 15 días» y cuando volvió «me despidieron y me acusaron de haber llevado el covid a casa» porque la abuela «estuvo mal por una embolia pulmonar». Lo que más le dolió fue que le dijeran que era «una persona inservible y que los latinos venimos a robar», dice. Rosa no tenía contrato porque «no tengo papeles», así que no denunció.
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