La organización presuntamente se dedicaba a explotar a inmigrantes irregulares en Castilla y León llegados en patera desde Marruecos a los que se mantenía hacinados en viviendas, con trabajos sin percibir sueldo y a los que incluso se les maltrataba con sopletes o cuchillos si no seguían las órdenes para evitar ser detectados.
Además, la organización, que estaba asentada en León y las provincias de Palencia, Valladolid y Zamora, supuestamente favoreció la inmigración ilegal, cometió delitos de explotación laboral y fraude a la Seguridad Social, para lo que se valió de la situación de necesidad de sus víctimas.
Según la Policía, el líder de la organización gestionaba el traslado de inmigrantes irregulares en patera, mayores y menores de edad, desde playas de Marruecos hasta Algeciras y Cádiz.
En estas ubicaciones, otros miembros de la organización los iban a buscar y viajaban hacia otras provincias por carretera, en coche o en autobús, y ofertaban “paquetes” de traslado con entrada en España desde su país de origen. Una vez en España se tramitaba la situación administrativa de los inmigrantes.
A cada víctima de explotación se les exigían cantidades que iban de 3.000 a 10.000 euros. Mientras, vivían hacinados en pisos que carecían de las mínimas condiciones de habitabilidad, tales como agua y calefacción, y las víctimas a menudo comenzaban a trabajar antes de concederles la autorización de residencia en explotaciones ganaderas.
FUENTE: Columna Cero
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