La Asociación Sociocultural de Trabajadoras de Hogar y Cuidados de Granada ha publicado un comunicado en el que denuncia la situación de total desamparo en la que se encuentra una trabajadora del hogar migrante.
De acuerdo con la denuncia, hace unas semanas la trabajadora del hogar fue “estafada por el supuesto arrendatario de un piso con el que firmó un contrato y al que pagó 360 euros. El supuesto arrendatario no cumplió y desapareció con el dinero.”
Como se esperaría de una víctima de un presunto delito, fue a interponer una denuncia ante la policía en Granada capital. La sorpresa vendría cuando una vez presentada la denuncia, “la Policía decidió abrir un expediente de expulsión de España porque ella no cuenta con la residencia”, esto a pesar de que “lleva casi tres años en Granada como trabajadora de hogar y cuidados.”
Trabajadora del hogar ante doble indefensión
Por tanto la trabajadora del hogar ahora se encuentra ante una doble indefensión, pues “además de ser estafada por el supuesto arrendatario, se ha visto amedrentada por la Policía y el Estado Español al iniciarse el proceso justo en el momento en el que ella hace la denuncia por estafa.”
No es la primera vez que se dan este tipo de situaciones. Las personas migrantes no podemos acudir a la justicia sin miedo a terminar deportadas por nuestra situación administrativa. Esto es especialmente sangrante cuando se trata de violencias contra las mujeres migrantes puesto que, al acudir a denunciar a la policía, terminan con un expediente de expulsión, lo cual hace que muchos delitos queden impunes incluyendo agresiones sexuales.
Un ejemplo de ello lo encontramos en 2019, cuando se dio a conocer la violación de los derechos fundamentales a una vecina hondureña en Xirivella (Valencia) que, al denunciar ante la Policía Nacional una agresión a ella y a un amigo por parte del arrendador de su vivienda, fue detenida por agentes de extranjería, quienes le abrieron un expediente de expulsión inmediatamente por su situación administrativa irregular sin tomar nota de su denuncia sobre la agresión.
En aquella ocasión hubo numerosas muestras de apoyo y el respaldo de más de un centenar de asociaciones y colectivos, entre ellos Poder Migrante, que exigimos tanto al delegado de Gobierno, como al Defensor del Pueblo a tomar cartas en el asunto mediante la campaña #ParemosSuExpulsión.
Desde la Asociación Sociocultural de Trabajadoras de Hogar y Cuidados de Granada se preguntan: “¿no tener residencia significa no tener derechos? Si no tenemos residencia pero trabajamos, incluso más de 8 horas, pagamos servicios y cumplimos con todas las obligaciones ciudadanas durante años ¿no tenemos derecho a presentar una denuncia sin que nuestra condición migratoria sea afectada?”
Debido a ello, se declaran en emergencia ante la situación de la compañera trabajadora del hogar, “por ella y por todas, para que el miedo no impida que exijamos nuestros derechos.”
COMUNICADO Asociación Sociocultural de Trabajadoras de Hogar y Cuidados de Granada
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