DENEGACIONES MASIVAS DE ASILO QUE DESTROZAN FAMILIAS

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Miriam perdió su permiso de trabajo. Pero ella no fue despedida ni terminó su contrato. Ha sido la irregularidad sobrevenida por las denegaciones de asilo masivas la que ha dado al traste momentáneamente con su proyecto de vida lejos de la violencia de su país. Esta joven era una de los 6.095 salvadoreños que tenían una solicitud de asilo y protección internacional pendiente de resolver por la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) española el pasado año.

El cierre de fronteras por la pandemia frenó en seco las llegadas de solicitantes de asilo, lo que ha dado margen de tiempo a la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) del Ministerio del Interior para resolver miles de expedientes atrasados que, en su inmensa mayoría, acaban rechazados mediante las denegaciones de asilo masivas. El de Miriam es uno de ellos.

Tan solo 245 salvadoreños consiguieron el estatuto de refugiado, solo 22 obtuvieron un permiso especial de residencia por razones humanitarias, ninguno recibió la protección subsidiaria de las 2.058 solicitudes de este colectivo que fueron resueltas en 2019, según datos del Ministerio de Interior.

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No es que Miriam no tuviera derecho a pedir asilo, ni siquiera está claro que no tenga derecho a ninguna medida de protección internacional, a juzgar por su relato, lleno de asaltos a mano armada, amenazas y riesgo de muerte.

HAY UN SESGO EN LAS DENEGACIONES DE ASILO MASIVAS

Según numerosas ONG y abogados especialistas en Extranjería, hay un sesgo geográfico que inclina la balanza hacia las denegaciones del asilo para ciudadanos de países cuyos conflictos no son una guerra al uso o que sufren persecución por razones políticas, religiosas, raciales o de orientación sexual. No parece importar que cada día se mate a más gente en El Salvador que en Siria.

Según la Ley de Asilo, una vez que la solicitud es denegada, el demandante debe abandonar el país en los siguientes 15 días. «No sé qué voy a hacer ahora con dos bocas que alimentar y un alquiler que pagar». «Tendré buscar un trabajo sin contrato. La gente de mi país es trabajadora y luchadora, allí sobrevivimos día a día. Aquí también podré hacerlo», señala.

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«A mis hijos no les he dicho nada, no tienen que sufrir por problemas de los que no tienen la culpa», añade. Su futuro inmediato parece apuntar a empleos en el servicio doméstico o los cuidados, aunque las historias que ha escuchado a familiares y conocidos la dejan intranquila. «Mi prima tuvo una experiencia horrible en la casa donde servía y limpiaba, también aquí en Madrid. Aguantó por necesidad, pero acabó yéndose y ahora intenta conseguir sus papeles por arraigo», dice.

Miriam preferiría trabajar en otra cosa, «pero si no me queda otro remedio tendré que buscar trabajo ahí para sobrevivir, aunque sea durante el tiempo que me queda para poder pedir los papeles», se resigna. «Fíjate cómo tiene que ser la situación de mi país para preferir estar desprotegida, irregular, en una casa donde se te maltrata», alega.

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