La Fundación Concordia y Libertad del Partido Popular, que desde octubre de 2018 está presidida por Adolfo Suárez Illana, uno de los fichajes estrella del líder del PP, Pablo Casado, y cuyo vicepresidente primero es el secretario general de los populares, Teodoro García Egea, recibe cada año más de 458.000 euros de la Comunidad de Madrid –gobernada por PP y Ciudadanos– por gestionar dos Centros de Participación e Integración de Inmigrantes (CEPI).
Pese a estar cofinanciados en un 50% por la comunidad madrileña y en otro 50% a través del Fondo Social Europeo de la Unión Europea, la gestión de los CEPI es, no obstante, privada y se suele adjudicar a fundaciones o asociaciones benéficas que trabajan con población inmigrante.
La Fundación Concordia y Libertad pretendía ser, según Casado, el “centro” en el que “la sociedad civil de centro derecha” tuviera su sitio. El objetivo de la integración de la fundación en el partido era que el PP siguiera optando a subvenciones públicas que en enero de 2019, ascendieron a casi 20 millones de euros de dinero público en seis años, entre 2010 y 2015.
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