Hace unos meses informamos sobre la denuncia de un trabajador migrante amenazado con un arma y maniatado que destapó una trama de explotación en Galicia, todas captadas a través un portal web y con nacionalidades diversas: salvadoreñas, venezolanas, brasileñas, marroquís y uruguayas. La Guardia Civil acabó acusando a un empresario gallego por «detención ilegal, amenazas, tenencia ilícita de armas y contra los derechos de los trabajadores». Pues bien, la causa ha tropezado con un hecho inesperado: el Ministerio Fiscal se ha ausentado del procedimiento.
«La inacción del Ministerio Fiscal denota una ausencia de interés objetivo por parte de este de ejercer su labor de tutela y protección de las víctimas», «así como de promover la efectiva persecución penal de un delito tan execrable como es el de trata de seres humanos con fines de explotación laboral», señalaron en un documento el sindicato Central Unitaria de Traballadores (CUT) y SOS Racismo, que sostienen la demanda.
La Fiscalía únicamente se presentó a la primera vistilla y ya no se le ha vuelto a ver. No volvió a aparecer. La central sindical y la ONG aseguran que ya «no volvió a comparecer en ninguna de las múltiples diligencias procesales, no informó sobre las múltiples solicitudes de protección de las víctimas y no ha realizado ni la menor de las intervenciones previstas para el acusador público».
Para las organizaciones que presentan la queja, que el ministerio público no haya ni siquiera tomado parte en la declaración de las personas perjudicadas resulta «gravísimo.
Los sumarios aportados por los investigadores policiales a la magistratura de Ordes recogen con detalle una auténtica historia de terror en la que el empresario y su capataz engañaron personas al prometerles salarios que nunca obtuvieron y cobrarles adelantos por arreglarles papeles que nunca les arreglaron, las retuvieron contra su voluntad, las golpearon y el primero incluso llegó a amenzar con una pistola a uno de los trabajadores. El principal acusado pasó menos de un mes en prisión provisional. Las dos entidades denunciantes solicitan ahora que vuelva a entrar.
FUENTE: El Diario
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