Los detenidos ofrecían ‘packs' de documentación para regularizar situaciones administrativas, reagrupaciones familiares o ser beneficiarios de prestaciones sociales, tras un pago que oscilaba entre los 250 y los 8.000 euros.
El grupo criminal operaba con dos sociedades mercantiles de las que eran socios con aparente legalidad, realizaban contratos y cumplían con las obligaciones sociales y tributarias.
A los detenidos se les atribuyen los delitos contra la seguridad social, falsedad documental, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y pertenencia a organización criminal.
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