La situación de los derechos humanos y la convivencia en Cantabria se ven amenazadas por un preocupante aumento de las agresiones a inmigrantes, tanto verbales como físicas. La Fiscalía de Cantabria ha emitido una alarma destacando este preocupante fenómeno, subrayando que estas agresiones ocurren simplemente por el origen nacional de las víctimas, por el hecho de ser inmigrantes extranjeros.
Según la Memoria del ejercicio de 2022, la Fiscalía ha registrado un aumento significativo en los delitos de odio en comparación con el año anterior. En 2022, se incoaron 18 expedientes en contraste con los 9 del año previo. Este aumento evidencia actitudes de odio hacia otros ciudadanos basadas en diversas formas de discriminación, lo que resalta la necesidad de redoblar los esfuerzos para erradicar esta problemática.
Un dato alarmante es que, a diferencia de años anteriores en los que la orientación sexual era uno de los motivos de discriminación más alegados, en 2022 la discriminación por el origen étnico, la religión y la nacionalidad predominaron en la incoación de los procedimientos por delitos de odio. Esto refleja una tendencia preocupante y pone de manifiesto la urgencia de abordar este problema de manera efectiva.
La Memoria de la Fiscalía también destaca las dificultades que enfrenta su sección de Extranjería en la persecución de delitos como la trata de seres humanos, la inmigración ilegal y la explotación laboral de extranjeros. La vulnerabilidad de las víctimas, en su mayoría mujeres, que se encuentran en el país sin arraigo familiar, recursos económicos o el valor para denunciar, complica la aplicación de sanciones adecuadas.
«Muchos extranjeros, en su mayoría mujeres, que se encuentran en nuestro país sin arraigo familiar y social, sin recursos económicos, no se atreven a denunciar ni a testificar sobre su situación«, expone la Fiscalía.
Por tanto, es esencial priorizar la prestación de asistencia sanitaria, social, jurídica y económica a este colectivo vulnerable. En Cantabria, recursos como la acreditación administrativa como víctima de delitos de trata o explotación sexual ofrecen acceso a apoyo formativo, económico y asistencial. Además, varias ONG proporcionan asistencia habitacional, jurídica, médica y económica.
Fuente: https://cadenaser.com/
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