El Gobierno de España pondrá en marcha en las próximas semanas el teléfono 021 para atender a víctimas de discriminación racial o étnica. El nuevo número telefónico, completamente gratuito, facilitará la denuncia de situaciones de discriminación racial o étnica, o delitos de odio racistas. Además, ofrecerá asesoramiento jurídico especializado a las personas que sufran o conozcan estos hechos.
El Consejo de Ministros aprobó también una declaración institucional con motivo de la celebración, el 21 de marzo, del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. La declaración muestra que “la lucha contra la discriminación racial y étnica y contra el racismo estructural son prioridades del Gobierno de España, tanto en política interior como exterior” y “pone en relieve la ejecución de políticas públicas destinadas a la eliminación del racismo estructural y de la discriminación”.
La creación de la línea de asistencia telefónica figura en el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicado este lunes, pero el servicio no entrará en funcionamiento hasta que se designe la operadora que lo gestionará. El objetivo es facilitar las denuncias, ya que se sospecha que muchas agresiones racistas pasan desapercibidas.
La creación de esta línea de asistencia parte de una petición realizada el pasado 12 de julio por parte del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica (CEDRE). Este organismo es el que desde 2013 gestiona el Servicio para la Asistencia y Orientación a Víctimas de Discriminación Racial o Étnica, que cuenta con una red de 23 oficinas repartidas por todo el territorio nacional y que hasta ahora contaba con un buzón electrónico para las denuncias.
La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, anunció la medida durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. ha subrayado los “avances” que se han dado en España en la lucha contra la discriminación y el racismo, vinculados al Plan de Acción de la Unión Europea Antirracismo para el Año 2020-2025 que reconoce expresamente el problema del racismo como un problema estructural.
Entre otros, ha puesto de relieve los realizados en el ámbito de actuaciones especializadas de la Fiscalía General, de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, de los ministerios de Justicia, Interior, Inclusión o Igualdad, así como el acuerdo mediante el cual propician la cooperación institucional contra el racismo, la xenofobia, la lgtbifobia y otras formas de intolerancia. Además, ha subrayado que el “hito más importante” fue la aprobación de la ley para la igualdad de trato y la no discriminación.
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