Rosa, originaria de Perú, recibió una invitación para asistir a unos talleres de empleo para adultos en La Puebla de Híjar (Teruel), donde estaba residiendo. La asistencia social le sugirió que era una gran oportunidad para mejorar su situación laboral, así que decidió inscribirse.
Lo que prometía ser una experiencia positiva, pronto se convirtió en una pesadilla para ella cuando uno de los profesores, un hombre de 58 años, abusó sexualmente de ella en julio de 2021. El hombre además le hizo tocamientos sin su consentimiento en medio de una de las clases del taller.
En una entrevista con Poder Migrante, Rosa nos describe cómo le afectó este traumático episodio: “Dañó mi integridad física y mi integridad psicológica. Estuve un estado de un shock postraumático terrible, en un estrés postraumático. En una sensación de ansiedad total de día y noche, sin poder dormir día tras día. Tener miedo hasta a salir a tirar la basura. No podía salir a ningún lado.”
A pesar de la difícil situación, Rosa acudió a los organizadores de los talleres de empleo para denunciar.
Lo esperado en estos casos es que se actúe inmediatamente, proteja a la víctima y se aísle al agresor. Sin embargo, esto no fue lo que ocurrió.
El Ayuntamiento, responsable de los talleres, dio curso a un ‘protocolo’ estándar, pero su resolución llegó cinco meses después de la denuncia hecha por Rosa. Durante un tiempo se permitió al agresor mantener su trabajo de profesor y seguir en contacto con estudiantes, tal como se lo corroboraron a Rosa sus antiguos compañeros.
La difícil decisión de denunciar ante la Justicia
Está mas que comprobado que denunciar acosos y agresiones sexuales ante la ley suele ser un paso muy difícil para la víctima, no sólo porque la Justicia no suele estar a la altura, y en muchas ocasiones llega tarde y termina re-victimizando a la víctima, sino porque las instituciones y organizaciones siguen sin estar preparadas para acompañar a la víctima en el proceso en el que se ve obligada a revivir una y otra vez la agresión sufrida.
A pesar de todo, Rosa decidió finalmente acudir a la Justicia. “Decidí denunciar este hecho asqueroso y repugnante donde ser vulneró mi dignidad porque no quiero que, nunca más, le vuelva a pasar, a otra mujer u otra persona, lo que me pasó, ya que es muy doloroso. Te desgasta tanto la salud física como la psicológica y la verdad no se lo deseo a nadie”.
Finalmente, el Juzgado de lo penal de Teruel falló a favor de ella. En la sentencia, que se hizo pública recientemente, el agresor fue condenado a un año y medio de prisión por abuso sexual.
Además de la condena de prisión, el agresor ha sido inhabilitado durante seis meses para cualquier profesión relacionada con la docencia, se le ha prohibido acercarse o comunicarse con la víctima durante dos años y ha sido condenado a indemnizarla con 6.000 euros.
Sin embargo, para Rosa la condena no fue suficiente. “La sentencia a mí me parece demasiado leve para la magnitud que ha sufrido mi persona por este hecho. Mi vida diaria me afectó muchísimo, sufrí muchos miedos y traumas que no pude superar a causa de este hecho. Ya tengo casi dos años de tratamiento médico y psiquiátrico. Lamentablemente el daño ya está hecho.”
En este punto es importante decir que el delito ha sido juzgado conforme a la legislación anterior a la conocida como Ley del consentimiento o del “solo sí es sí”, y es por ello que la condena ha sido por abuso sexual y no por agresión sexual, que es como la ley ahora tipifica todos los delitos sexuales.
Si se hubiera aplicado la nueva ley, el agresor hubiera tenido una condena más ejemplar.
Ser mujer y migrante: una doble discriminación
Rosa es una mujer migrante y sabe que las mujeres como ella son doblemente discriminadas por su género y su origen. “El apoyo que me gustaría recibir de la sociedad y de las autoridades es una justicia justa que concuerde con la magnitud de los hechos, ya que por ser migrante también me considero un ser humano igual a todos lo demás”, denuncia.
Por eso, considera fundamental que se promueva una cultura de denuncia y se informe a las mujeres inmigrantes sobre sus derechos y sobre dónde acudir en caso de necesitar ayuda. Si el abuso sexual ya es de por sí un hecho traumático para cualquier persona que lo sufre, en el caso de las mujeres migrantes al trauma se le suma la inseguridad de denunciar.
“Lo que podríamos hacer para prevenir su futuros casos de abuso sexual en las mujeres migradas es principalmente que ellas conozcan su derecho y saber donde acudir o dónde llamar cuando le ocurran estas terribles aberraciones hacia su persona”, reflexiona.
Para las mujeres en general y las mujeres inmigrantes en particular es importante que conozca los recursos judiciales que tienen a su disposición para denunciar el acoso sexual, los abusos sexuales (hoy reconocidos por la Ley ‘solo sí es sí’ como agresiones sexuales) y las violaciones.
Ningún abuso es menor y estar en situación administrativa irregular no es un impedimento para denunciar. Antes de dar el paso de denunciar, siempre es recomendable asesorarse con alguna organización feminista que conozca los procedimientos y pueda brindar un acompañamiento psicológico.
A pesar del daño, Rosa sigue adelante gracias a su familia y a su terapia, con la esperanza de que su experiencia sirva como ejemplo para otras mujeres que puedan estar pasando por lo mismo. “Solo queda mirar hacia adelante con la esperanza de que este hecho sirva como experiencia y ejemplo a otras mujeres para que denuncien y esto no le vuelva a ocurrir a nadie más”.
¿Y cómo está superando Rosa esta experiencia traumática? Aparte de que tuvo que irse de la Puebla de Híjar, por que a raíz de su denuncia se generó un mal ambiente contra ella, Rosa mira el futuro con esperanza: “Lo que pienso hacer para seguir adelante después de esta terrible experiencia es continuar con mi tratamiento tanto psicológico como psiquiátrico que se originó después de este hecho, también con terapia para poder resarcir ese daño y seguir adelante. Salir adelante no solo yo sino toda mi familia.”