El Ministerio de Migraciones oculta el suicidio de un joven refugiado en un centro de acogida para ucranianos en Madrid. El estallido de la guerra sorprendió al joven mientras estudiaba en Ucrania. Trató de aguantar casi un año, hasta que decidió huir para ponerse a salvo.
Puso rumbo a España porque creyó que aquí las autoridades le brindarían protección internacional con la misma rapidez y eficacia con la que se la conceden a los refugiados ucranianos, pero no fue así.
El joven, de origen marroquí y 21 años de edad, esperaba en el CREADE de Pozuelo la resolución para obtener permiso temporal de residencia y trabajo en España, solicitud que había presentado diez días antes, el 31 de diciembre.
Este tipo de permisos de residencia y trabajo temporales –de un año, prorrogable a tres– para nacionales ucranianos se tramitan y aprueban automáticamente en tan solo 24 horas, a diferencia de las peticiones de asilo, cuyos tiempos de espera a menudo superan los seis meses.
Esta medida, sin embargo, no aplica de la misma manera a personas de otra nacionalidad aunque sean residentes en Ucrania y también huyan de la guerra. Así, la solicitud del joven para obtener permiso temporal de residencia y trabajo en España fue rechazada. El joven refugiado decidió quitarse la vida en el CREADE de Pozuelo de Alarcón (Madrid) el pasado 9 de enero.
El Ministerio de Migraciones oculta la identidad de la persona e impide que se pueda obtener información de lo que ha ocurrido. Accem tampoco ha querido hacer declaraciones sobre lo sucedido con el joven que residía en las instalaciones que gestionan en exclusiva.
A pesar de ello, su historia merece ser contada.
La tragedia del joven refugiado es una muestra más de la falta de protección que reciben las personas que huyen de la guerra y la violencia. La burocracia, la falta de voluntad política y el racismo institucional siguen siendo obstáculos para la concesión de permisos de residencia y trabajo temporales a personas que necesitan protección internacional.
Es hora de que las autoridades tomen medidas para garantizar la protección de los derechos de los refugiados y refugiadas, independientemente de su origen o nacionalidad.
FUENTE: https://www.publico.es/