En Canarias, decenas de personas se organizaron para intimidar a migrantes que llegaban en patera en 2020. Se concentraron frente a los hoteles de acogida gritando consignas racistas, lo que llevó a las organizaciones humanitarias a aconsejar a los migrantes no salir de los recursos durante 48 horas. Las manifestaciones se convirtieron en persecuciones con machetes que se organizaron a través de chats de WhatsApp para “limpiar la isla de migrantes”.
La investigación “Construcción discursiva de fronteras morales en manifestaciones anti-inmigración”, elaborada por el experto en psicología social Daniel Buraschi y la socióloga María José Aguilar Idáñez, analizó los discursos detrás de estos ataques racistas.
La gestión de la acogida de los 23.000 migrantes que llegaron en 2020 provocó dos reacciones en la población canaria. Por un lado, redes de solidaridad dieron apoyo y compañía a los recién llegados. Por otro lado, la descoordinación, la improvisación y los discursos de odio crearon movilizaciones en contra de la inmigración, organizadas por plataformas vecinales y partidos políticos de derecha y extrema derecha.
La falta de recursos estables de acogida y el hacinamiento de 2.600 personas en el muelle de Arguineguín llevaron a las autoridades a utilizar los complejos hoteleros como espacios de acogida. En aquel momento, los lugares turísticos estaban desocupados debido al cierre de las fronteras para detener la propagación de la COVID-19. A pesar de esto, numerosos líderes políticos culparon a la inmigración por la falta de turismo en Canarias debido a la pandemia de coronavirus.
Por ejemplo, el presidente del Cabildo insular, Sergio Lloret, expresó que “no se debe hipotecar la recuperación económica de Fuerteventura como solución a la crisis migratoria”. La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, y el diputado de Vox por la provincia de Las Palmas, Alberto Rodríguez, se unieron a manifestaciones para “salvar el turismo”, donde se coreaba “no a la invasión”. La diputada de Coalición Canaria en el Congreso, Ana Oramas, también hizo esta conexión, preguntando en la Cámara: “¿Viajarías de vacaciones a Lesbos o a Moria?”.
La investigación señala que se está construyendo el “racismo democrático”, que justifica prácticas de exclusión, criminalización, violencia, expulsión, segregación y explotación de los migrantes para “defender” la seguridad y la libertad.
Se presenta a las personas migrantes como criminales para legitimar así la vulneración de sus derechos. Con este discurso, las autoridades trasladan a la ciudadanía la idea de que las devoluciones en caliente, los centros de internamiento de extranjeros y la omisión de socorro en el mar son “respuestas razonables” para “defender” la democracia.
En las movilizaciones xenófobas antiinmigrantes organizadas en Canarias, se encontraron varias similitudes. Una de ellas es la negación del racismo. Algunos testimonios recopilados en Tenerife expresaban que “si alguien entra en tu hogar, debes defenderte y en caso de que intenten forzar la entrada, usar la fuerza es legítimo. Sin embargo, después te acusan de ser racista”.
Por otro lado, se relativiza la violación de los derechos humanos de las personas migrantes, argumentando que en otros países están en peores condiciones. Se ha utilizado la separación entre las personas españolas y africanas a través del uso constante de “nosotros” y “ellos”, utilizando términos deshumanizantes como “plaga”, “monos” o “parásitos”.
Incluso los manifestantes justificaron las muertes de las personas migrantes como un “mal necesario” para defender un “bien superior”: la seguridad y la identidad, llegando al punto de cuestionar la necesidad de rescatar y salvar la vida de las personas migrantes, argumentando que luego pueden robar en tu hogar o construir una mezquita.“Si los sacamos del agua, después tenemos que encargarnos de todo”, manifestaban.
El Sociobarómetro de Canarias publicó que un 79,6% de la población considera que las autoridades deben hacer “todo lo posible” para que las personas migrantes no entren en las islas. Los grupos de poder han logrado que las fronteras que dividen el planeta se construyan también en el imaginario colectivo a través de las “fronteras morales”.
La culpabilización de los migrantes, sumada a la normalización de las muertes en el océano y al tratamiento del fenómeno desde el punto de vista de la seguridad han calado en la ciudadanía. Los prejuicios hacia la población migrante no son una simple expresión de actitudes individuales, sino que son argumentos públicos, fruto de un proceso social de construcción, según la investigación.
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