El desalojo, incendio y posterior demolición que destruyó el campamento de El Walili en los invernaderos de Níjar (Almería) ha dejado sin hogar a medio millar de trabajadores de los invernaderos. Ahora, muchos buscarán un lugar cercano a sus invernaderos o una alternativa: una casa en ruinas o un colchón en habitación compartida, que es lo único que pueden permitirse, ya que nadie les alquila otra cosa.
El trabajo en los invernaderos es precario y poco remunerado, con salarios que van desde 4,5 a 5 euros por hora. Algunos trabajadores tienen que levantarse a las cinco de la mañana para estar en su puesto a las ocho, lo que ahora les lleva más tiempo debido a la distancia que les separa de su trabajo.
El desalojo ha sido solicitado por el Ayuntamiento de Níjar, gobernado por Esperanza Pérez (PSOE). El despliegue de agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil era de gran magnitud para intimidar a los trabajadores migrantes. “Alguna mujer iba llorando un poquillo, pero poca cosa”, dice uno de los conductores de un autocar sobre las personas que transportó fuera del asentamiento.
El Ayuntamiento ya había amenazado en diciembre de que la ejecución de los desalojos se haría pronto. La alcaldesa de Níjar se ha felicitado por el desalojo de El Walili, que ha considerado “muy positivo” y ha arremetido contra activistas y organizaciones defensoras de derechos humanos a quienes ha acusado de la “constante oposición de agentes externos in situ”.
El Ayuntamiento ha atendido a unas 180 personas del medio millar que vivía en el asentamiento y ha reubicando a solo 80, algo criticado por las entidades sociales y sindicales estatales y europeas, agrupadas en la plataforma Derecho a Techo, porque no garantiza una alternativa de alojamiento permanente para estos trabajadores.
Además, las 62 viviendas de alquiler a “precio asequible”, prometidas por la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento para diciembre del año pasado, no se prevén hasta julio, como mínimo. Algo a todas luces insuficiente.
FUENTE:
https://www.eldiario.es/
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