La compañía de reparto Glovo ha recibido una nueva multa millonaria por valor de 56,7 millones de euros, impuesta por la Inspección de Trabajo. La sanción responde al uso de falsos autónomos y al empleo de personas migrantes sin permiso de trabajo. Esta sanción se suma a las ya recibidas por la empresa, que acumulan más de 200 millones de euros.
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Madrid ha impuesto dos sanciones: una de 32,9 millones de euros por utilizar a 7.022 repartidores como falsos autónomos y obliga a la empresa a abonar 19 millones más por las cuotas impagadas a la Seguridad Social. La otra por haberse detectado a 813 personas migrantes trabajando para Glovo sin permiso de trabajo, lo que ha conllevado otra sanción de 5,2 millones de euros.
Estas sanciones acumuladas suman 205,3 millones de euros por incumplir la llamada “Ley de riders”, que obliga a contratar directamente a sus repartidores y darles de alta en Seguridad Social, mientras que otras compañías han optado por externalizar los contratos.
La explotación laboral de personas migrantes sin permiso de trabajo por parte de empresas que aprovechan este estado de vulnerabilidad de estas personas para imponer condiciones de trabajo indignas es una realidad en la economía española y el sector de los repartidores no es una excepción. De ahí la importancia de que estas personas puedan tener acceso a la regularización de sus papeles y puedan denunciar estas situaciones.
El grupo alemán Delivery Hero es el nuevo propietario de Glovo, pero las abultadas pérdidas hacen difícil sostener semejante volumen de multas. Glovo es la única empresa que no ha cambiado su modelo para adaptarse a la nueva ley, lo que ha llevado a sus competidores a acusarla de “competencia desleal”.
La situación financiera de Glovo no es precisamente positiva, con previsiones de cerrar el ejercicio de 2022 con pérdidas por valor de 300 millones de euros. Estas pérdidas se suman a las de 474 millones del año anterior y 83 millones del año 2020.
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