El pasado el Congreso aprobaba la incorporación del Convenio 189 en la legislación española. Un Convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que en teoría les iguala en derechos con el resto de trabajadores, como es la inclusión en la seguridad social, desempleo y despido regulado. Pero estas nuevas prestaciones no llegaran a todas.
Se calcula que más de 600.000 mujeres trabajan en este sector. Entre ellas, 70.000 se encuentra en situación irregular, según los datos de la investigación Esenciales y sin derechos de Unicef. Unas 40.000 mujeres trabajan como internas. 9 de cada 10 de ellas son extranjeras. Una parte considerable se encuentra sin papeles.
“Se trata de un trabajo especialmente vulnerable a los abusos en los que la presencia en el domicilio de los empleadores se convierte en una disponibilidad plena”, alertan desde Unicef. Y, mientras que no se reforme la Ley de Extranjería, que obliga a las personas migrantes a permanecer tres años empadronadas en España antes de poder acceder a un contrato de trabajo, las vulneraciones de derechos en un régimen de esclavitud, tal y como denuncian las trabajadoras, continuarán.
“Hay que promover una regulación extraordinaria como paso previo a una nueva Ley de Extranjería que contemple canales de migración regular y deje de ser una fuente de precariedad y sufrimiento gratuito e innecesario”, añaden.
Es por esto que, las trabajadoras en lucha solicitan junto a la aprobación del Convenio 189 una reforma de la Ley de Extranjería que permita que los contratos se realicen sin necesidad de esperar los tres años en situación irregular.
“Mientras la ley de extranjería discrimine a todas las personas por su lugar de origen y las condene a estar tres años sin documentación, aunque la parte empleadora las quiera dar de alta no va a poder. No es solo cumplir los tres años, son muchos requisitos”, denuncia Marcela Bahamón, integrante de la Asociación Intercultural de Profesionales del Hogar y de los Cuidados (AIPHYC).
FUENTE: El Salto Diario
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