Ni discursos de “efecto llamada” o de “seguridad” en las fronteras, ni dar largas y poner obstáculos argumentando razones legales o administrativas. En solo cuestión de días el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este mismo lunes medidas para facilitar la vida de los refugiados provenientes de Ucrania ante la situación de guerra por la que está atravesando su país.
“Vamos a tomar la decisión de extender y tomar las medidas para que puedan vivir legalmente en nuestro país, para que puedan trabajar legalmente, para que puedan acceder a la educación, a la sanidad y a las políticas sociales como un ciudadano más”, explicó.
Fuentes del Gobierno precisaron que ese anuncio “no implica una regularización”, sino la agilización de trámites para proteger su situación, por ejemplo en la renovación de su documentación.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones también ha dado instrucciones a las oficinas de extranjería para priorizar y agilizar los trámites a los ciudadanos ucranianos que se encuentran en España, y que estudia medidas para facilitar la estancia de los que puedan llegar.
Esta decisión, aplaudida hasta por sectores de la ultraderecha, contrasta radicalmente con las políticas tomadas por los gobiernos de España o la UE en las guerras de Irak, Afganistán o Siria, donde el discurso predominante ha sido antiinmigratorio, de seguridad de fronteras, obstaculización y deportaciones. En muchos casos vulnerando sistemáticamente los derechos humanos de las personas refugiadas que intentan llegar a Europa.
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