Para la justicia española nada de lo que pasó en el campamento precario de Arguineguín fue delito. Ni la retención de miles de migrantes bajo custodia policial durante semanas, sobrepasando el máximo legal, ni la ausencia de duchas, agua potable suficiente o de un espacio digno en el que dormir.
La Audiencia Provincial de Las Palmas dio carpetazo definitivo a la denuncia contra el hacinamiento de personas en este muelle en noviembre de 2020. El auto concluye que las condiciones del campamento eran pésimas, pero sostiene que las personas que estuvieron en él pueden considerarse «afortunadas» por sobrevivir a la travesía más mortal del mundo y por recibir asistencia de Cruz Roja y el Estado.
Aunque el campamento tenía capacidad para 400 personas, convivieron hacinadas más de 2.000. Durante semanas durmieron sobre el asfalto abrigándose con los cartones que quedaban de las cajas de alimentos o de los medicamentos. Algunas noches también dormían rodeados de ratas. Para desayunar, almorzar y cenar las únicas opciones eran bocadillos de atún y millo o de pollo y un zumo envasado. A veces, los voluntarios no daban abasto con el reparto y se solapaban las comidas.
Decenas de personas vieron vulnerado su derecho a recibir asistencia letrada en las primeras 72 horas desde su llegada. Los migrantes recibían órdenes de expulsión sin haber hablado antes con ningún abogado.
FUENTE:
https://www.eldiario.es/canariasahora/migraciones/arguineguin-campamento-vulneracion-derechos-migrantes-no-delito_130_8676511.html
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