El Ministerio de Migraciones ha mandado una instrucción a las oficinas de extranjería para proteger a las mujeres inmigrantes maltratadas cuyo permiso de residencia está sujeto a que su esposo resida legalmente en España.
Hasta ahora, una mujer migrante que es víctima de violencia machista vive en España de forma regular con una autorización de residencia que depende de su marido. Él es el titular de su permiso y de él provienen los ingresos con los que la ciudadana demuestra poseer medios económicos suficientes para subsistir en el país. También es su maltratador, pero ella no se atreve a dar el paso de denunciar. Nunca es fácil, pero además en su caso sus papeles no le permiten trabajar, por lo que su permanencia y mantenimiento en suelo español dependen de su agresor.
Algunas interpretaciones de la norma solo amparaban a las denunciantes en situación irregular, dejando sin protección a otras mujeres que tenían papeles pero su documentación tampoco era estable. Esto es lo que cambiará con la nueva instrucción para intentar protegerles.
El secretario portavoz de Extranjeristas en Red, Franscisco Solans, considera “buena” la instrucción del Ministerio de Migraciones y señala que este texto regula algo que “ya se debería estar cumpliendo” y es producto de llevar “30 años interpretando las normas en contra del migrante”. También critica que esto refleja “un problema de fondo”. El abogado apunta a que, como también solicitó el Defensor del Pueblo, esta protección a mujeres que hayan sufrido violencia machista debería extenderse a toda víctima de un delito como, por ejemplo, un robo o una agresión. “Que cuando vaya a pedir ayuda al Estado, no se encuentre con su ataque”.
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