Más de 40 organizaciones sociales españolas han denunciado ante las Naciones Unidas que el Ministerio del Interior vulnera el derecho al acceso a la justicia de las personas migrantes que se encuentran en situación administrativa irregular en el país.
En un escrito, impulsado por la Red Acoge, se dirigen al Relator de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas migrantes, Felipe González Morales, para alertar del desamparo de las personas que acuden a una comisaría para denunciar como víctimas de un delito o, incluso, para realizar un trámite administrativo de vital importancia.
En ambos casos, la visita a dependencias policiales puede acabar con la apertura de un expediente sancionador por estancia irregular que conlleva una multa o la apertura de un proceso de deportación.
INTERIOR SE NIEGA A ESCUCHAR AL DEFENSOR DEL PUEBLO
Las organizaciones recuerdan al relator que esta situación lleva produciéndose décadas y que ni siquiera se ha modificado a pesar de las reiteradas peticiones del Defensor del Pueblo al Ministerio de Interior que actualmente dirige Fernando Grande-Marlaska.
De hecho, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska se negó el pasado enero a aceptar la recomendación del Defensor del Pueblo que le pedía «dictar las instrucciones precisas» para que las personas en situación irregular «presuntas víctimas de un delito puedan formular denuncia sin que se les derive, por esta causa, a la incoación de un procedimiento sancionador que conlleve su expulsión del territorio nacional».
Una situación «reiteradamente observada» que tiene «claramente un efecto disuasorio que pone en peligro la actividad punitiva del Estado, constituye una clara vulneración de la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, una quiebra del principio de proporcionalidad y de seguridad jurídica», afirmaba el Defensor del Pueblo».
MIGRANTES SANCIONADAS CON ORDEN DE EXPULSIÓN POR PONER UNA DENUNCIA
Los denunciantes recuerdan el caso de una mujer hondureña en situación irregular que, en 2019, fue a la comisaría de Xirivella (València) para presentar una denuncia por haber sufrido una agresión. «En lugar de dar traslado a la tramitación de su denuncia, fue detenida en la propia comisaría y se inició un procedimiento de expulsión», recuerda la organización València Acull (València Acoge), que denunció el caso al Defensor del Pueblo y logró frenar la deportación de la mujer gracias a la presión social.
Pero la incertidumbre y el miedo a la sanción también se extiende a personas que necesitan tramitar documentos en comisaría, como el caso de las tres madres indocumentadas que fueron a la comisaría de Paterna el pasado año para expedir los DNI de sus hijos de corta edad, quienes tenían otorgada la nacionalidad española. En los tres casos, los policías les incoaron sendos procedimientos sancionadores. Uno conllevaba la expulsión del país y dos una multa de 501 euros.
«Esta práctica no solo vulnera la normativa interna, sino que es contraria al marco normativo internacional, a los principios de igualdad de acceso a la justicia y al deber de los Estados de garantizar la protección jurídica de todas las personas, incluidas las personas migrantes en situación irregular», denuncian en su escrito al relator de la ONU.
No solo denuncian que el Gobierno incumple sus obligaciones a la hora de garantizar el acceso a la justicia, sino que además «está permitiendo que los autores de los abusos, la explotación, la violación de derechos y la violencia de que son objeto las personas migrantes disfruten de impunidad en la práctica y no sean juzgados».
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