Detenido por presunta corrupción el jefe de la oficina de extranjería de Castellón (Valencia). El máximo responsable de la sede ha sido arrestado por la Policía Nacional por supuestos delitos de cohecho en el marco de una operación con más detenidos, externos a la oficina.
Tras numerosas sospechas de corrupción e indagaciones, su detención se hizo efectiva el pasado miércoles. El Juzgado de Instrucción 1 de Castelló ya lo dejó en libertad con cargos. La investigación pretende esclarecer si el funcionario público, en ejercicio de su cargo, solicitó o aceptó una retribución económica o regalo para realizar u omitir un acto dentro de su competencia.
Las citas para los diferentes trámites de tarjetas de residencia siempre han tenido una elevada demanda y largos tiempos de espera. En la capital de la Plana eran habituales largas colas frente a la oficina y denuncias de falta de personal por parte de los funcionarios.
SE REVENDÍAN LOS TURNOS A 200 EUROS Y LAS CITAS ALCANZABAN LOS 400 EUROS
La falta de recursos de las oficinas de todo el país hizo casi imposible conseguir número para obtener o renovar permisos de residencia para inmigrantes durante los peores meses de la pandemia, por lo que los turnos se revendían por 100 o 200 euros.
La investigación deberá determinar si el jefe de la oficina de Castelló se lucró a cambio de agilizar trámites a inmigrantes. Tras su detención las reacciones de quienes trabajaban habitualmente con este departamento no se han hecho esperar y no han sido pocos los profesionales que tienen una relación habitual con este departamento los que han confirmado que «algo no iba bien» en relación a la gestión de las citas para realizar cualquier tipo de trámite.
Empiezan a trascender algunos hechos que, supuestamente, podrían haber motivado la investigación por corrupción que llevó a su detención el miércoles pasado.
La disponibilidad de citas, que solicitan por vía telemática, brillaba por su ausencia, lo que dificultaba un trámite «que en otras provincias funciona mucho mejor».
El precio de las citas extraoficiales rondaban los 200 hasta los 400 euros.
También empiezan a aflorar en las redes sociales testimonios de personas que fueron chantajeadas para poder avanzar en sus expedientes de arraigo, asilo o residencia.
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