Las personas extranjeras en situación administrativa irregular seguirán sin poder ir a una comisaría para poner un denuncia con la tranquilidad de que ese trámite tan básico no les va a suponer la expulsión del país.
La Secretaría de Estado de Seguridad, dependiente del Ministerio del Interior, se ha negado a aceptar una recomendación del Defensor del Pueblo que pedía que las personas migrantes en situación irregular «víctimas de un delito puedan formular denuncia sin que se les derive a un procedimiento que conlleve su expulsión».
Una recomendación que el Defensor del Pueblo elevó al departamento de Fernando Grande-Marlaska hace 15 meses, pero que solo ha sido respondida negativamente después de cuatro recordatorios.
Francisco Fernández Marugán hizo esta petición a Marlaska tras el caso de una mujer hondureña en situación irregular que fue a denunciar la agresión de un hombre a la comisaría de Xirivella (València) y salió con una propuesta de expulsión y sin haber podido poner la denuncia.
El caso generó una fuerte respuesta social. Casi mil personas y más de 170 asociaciones pidieron que no se la expulsara.
Incluso llegó hasta las Corts Valencianas, donde se aprobó por unanimidad pedir al Gobierno que «cualquier persona extranjera víctima de un delito pueda ponerlo en conocimiento de la autoridad competente sin que el hecho de interponer la denuncia suponga un riesgo de expulsión».
No era un caso aislado, sino una «práctica administrativa reiteradamente observada», según Marugán, quien subraya que recibe «incesantes quejas por esta cuestión». También a las personas migrantes indocumentadas que tienen que realizar cualquier trámite en comisaría, como los casos de tres madres migrantes en situación irregular que fueron sancionadas con mutas de 500 euros y una expulsión cuando acudieron a la comisaría de Paterna para expedir el DNI de sus hijos, de nacionalidad española.
Esta situación genera «claramente un efecto disuasorio» que, además, pone «en peligro la actividad punitiva del Estado». Pero sobre todo, «constituye una clara vulneración del Estatuto de la víctima del delito».
FUENTE: Público
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