El ayuntamiento de Níjar, en Almería, está acometiendo la demolición del asentamiento de El Walili, que albergaba a unas 450 personas migrantes de origen subsahariano y marroquí que trabajan en los invernaderos de la zona. “Han llegado cuando las personas aún estaban durmiendo”, denuncia Serigne Mbaye, diputado de la asamblea de Madrid que se ha trasladado hasta el Walili.
La demolición se lleva a cabo tras una resolución judicial y la alcaldesa, Esperanza Pérez (PSOE), ha solicitado el desalojo. Sin embargo, las ONG que trabajan en la zona denuncian que no hay alternativa para los habitantes de El Walili, incluyendo mujeres solteras y viudas marroquíes.
La agricultura en Almería ha dependido históricamente de la mano de obra inmigrante, tanto con papeles como sin ellos, para plantar y recoger cosechas. En muchas localidades, como El Ejido, la población extranjera supone ya el 30% de la población total. Muchos de estos trabajadores inmigrantes se instalan en viejos cortijos o en chabolas cerca de los campos de cultivo debido a que no hay soluciones de albergue o alquiler. Recientemente, otros asentamientos más pequeños han sido desmantelados sin ofrecer alternativas a sus habitantes.
Las ONG afirman que esta demolición viola los derechos humanos de los habitantes de El Walili, que no tienen acceso a viviendas dignas y se ven obligados a vivir en infraviviendas. Además, la falta de alternativas les deja en una situación de vulnerabilidad y sin un hogar seguro.
Adil Ejjabri, un ciudadano marroquí que lleva 21 años trabajando en España, es uno de los habitantes de El Walili. Después de haber sido denegada su reagrupación familiar debido a las goteras en su antigua vivienda, no ha sido capaz de encontrar una casa de alquiler. Todo está diseñado para el turismo, lo que hace que los trabajadores inmigrantes no puedan alquilar nada, incluso con la ayuda de sus jefes. Desesperado después de tres años buscando un hogar, acabó instalándose en el cortijo de El Walili.
La demolición de El Walili es un ejemplo más de la marginación y vulnerabilidad en la que se encuentran las personas migrantes en España y de violación de sus derechos humanos. La situación de vulnerabilidad en la que quedan estas personas migrantes es una muestra de la falta de responsabilidad y sensibilidad por parte del PSOE y del ayuntamiento de Níjar.
Además, es necesario destacar que durante el desalojo se registró un incendio en el asentamiento, lo que agrava aún más la situación de estas personas y muestra la urgencia de buscar soluciones dignas para ellas.
FUENTES:
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