En un mundo cada vez más globalizado, la migración se ha convertido en una realidad cotidiana para millones de personas. Pero, lamentablemente, no todas las historias de migración son iguales, y algunas enfrentan obstáculos que desafían los derechos humanos más fundamentales. La reciente historia de A. R., una joven en situación irregular en España, es un ejemplo de los desafíos que enfrentan las víctimas de delitos en este contexto.
La Asociación Valencia Acull denuncia que el 26 de julio pasado, A. R. sufrió el robo de su pasaporte en el interior de la habitación que alquilaba en València. Con valentía, ella decidió denunciar este delito ante la justicia española, confiando en la protección de sus derechos. Sin embargo, su experiencia en el juzgado de guardia fue desalentadora. Se le negó la posibilidad de presentar la denuncia, y en su lugar, la remitieron a la comisaría de Russafa. Esto no fue un incidente aislado; muchas víctimas en situación administrativa irregular enfrentan obstáculos similares al buscar justicia.
Lo que es aún más impactante es que, después de denunciar el hurto, A. R. recibió una citación para comparecer ante la Brigada de Extranjería, donde se le notificó la incoación de un expediente sancionador. Esto podría resultar en su deportación del país o una multa de hasta 10.000€. La policía justifica esta acción en base a la Ley de Extranjería, que contempla sanciones por estancia irregular. Sin embargo, esta práctica va en contra de la legislación española y europea, así como de las recomendaciones institucionales que abogan por la protección de todas las víctimas, sin importar su estatus de residencia.
El Defensor del Pueblo ha estado instando a los gobiernos a evitar la incoación de expedientes sancionadores contra extranjeros en situación irregular que acuden a denunciar delitos desde 2004. A pesar de que esta recomendación se ha adoptado parcialmente en casos de violencia de género, las demás víctimas de delitos en situación irregular siguen en riesgo de expulsión. Esta cuestión plantea un dilema fundamental: ¿debe el Estado garantizar los derechos de todas las personas extranjeras en situación irregular como víctimas de delitos, o prevalece la legislación de extranjería que exige la incoación de un expediente sancionador por estancia irregular?
Esta situación ha generado críticas tanto a nivel nacional como internacional. El presidente del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica (CEDRE) calificó de «muy lamentable» el rechazo a la recomendación del Defensor, destacando la impunidad que esto provoca. El Relator de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas migrantes también exigió que se garantice el derecho a recurrir a la justicia para proteger los derechos humanos de todas las personas migrantes, regulares o irregulares.
Se han propuesto reformas legislativas para eximir de sanciones por estancia irregular a quienes acuden a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a formular una denuncia o gestionar trámites administrativos. Esto sería un paso crucial hacia una justicia inclusiva y una protección adecuada de los derechos humanos de todas las personas en territorio español.
En última instancia, ¿qué debe prevalecer: la protección de los derechos humanos o la aplicación estricta de la legislación de extranjería? ¿Es justo que las víctimas de delitos en situación irregular enfrenten la amenaza de la expulsión mientras buscan justicia?
Fuente: https://valencia-acoge.org
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