La acogida que se está haciendo de los refugiados procedentes de Ucrania está siendo inédita, entre otras cosas y sobre todo, porque es la primera vez que las autoridades europeas activan la Directiva de Protección Temporal.
Una norma creada a raíz de la guerra de la antigua Yugoslavia, que nunca se había puesto en marcha, y que ofrece «protección inmediata y un estatus legal claro con acceso a la vivienda, el mercado laboral, la atención médica, a los derechos sociales y a la escuela para los niños».
La respuesta dada en esta ocasión por la UE ha sido «histórica», en palabras de la comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, y muy aplaudida por las asociaciones de ayuda a refugiados como ACNUR o CEAR.
Una respuesta «ejemplar» que, inevitablemente, invita a la comparación. ¿Por qué no se hizo lo mismo con los sirios que huían de la guerra en 2015, o con los migrantes que llegan a las costas españolas en cayuco procedentes de África?
Según la activista por los Derechos Humanos, Helena Maleno, no se deberían «crear refugiados de primera y de segunda», pero lo cierto es que se da un tratamiento diferente a quienes huyen de «violencias» a través de la «frontera sur», frente a los refugiados de la guerra de Ucrania con los que «ha habido buenas prácticas», tanto mediáticas como administrativas.
«Está claro que cuando hay voluntad política las cosas se pueden hacer», explica Paloma Favieres, directora de Campañas de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).
«La cuestión aquí es, ¿por qué no se aplicó la Directiva de Protección Temporal a los refugiados sirios tal y como pedimos las organizaciones humanitarias?, o ¿existen cauces y procedimientos para que las personas que cruzan el Estrecho y el Atlántico accedan a la condición de refugiado de una manera legal y segura? Pues no, no existen», responde rotundamente.
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