La Audiencia de Almería ha decidido reabrir el caso de Iliass Tahiri, un joven migrante de 18 años que murió el 1 de julio del año pasado al ser atado por trabajadores con correas en pies y manos, boca abajo en una cama en un centro de menores en Almería.
El juzgado indicó que en el acto fue aplicado «correctamente el protocolo», pero la Fiscalía considera que este protocolo es «contrario a derecho» y sigue «poniendo en peligro la vida y la integridad física de los menores» en los centros de Andalucía y Madrid.
La Audiencia aconseja que antes de proceder a la sujeción mecánica se avise al médico y este decida y supervise el proceso, por si es necesario suspenderlo en caso de algún problema como posible parada cardiorrespiratoria.
En el caso de Iliass Tahiri se puede observar en las grabaciones una conducta imprudente al ser inmovilizado por personal no cualificado y sin presencia de un médico hasta el final, cuando ya nada se pudo hacer por salvar su vida.
La grabación de los hechos mostró cómo Iliass Tahiri, de origen marroquí, fue inmovilizado en una cama por varios miembros de seguridad y personal del propio centro, que tardaron diez minutos en colocarle el sistema de sujeción y tardaron casi otros diez minutos en darse cuenta de que el joven no reaccionaba porque había fallecido. Los diez minutos siguientes, antes de sacarlo por el suelo a rastras de la sala de inmovilización, solo sirvieron para tratar de revivirlo con una repetida e infructuosa reanimación cardiopulmonar.
El Defensor del Pueblo Español también denuncia inmovilizaciones con correas de más de seis horas en el mismo centro almeriense.
Por su parte, el Comité para la Prevención de la Tortura reseñó en 2017 que «se les sujetaba a una cama, boca abajo, con los tobillos y muñecas (y a veces el torso) atados a los lados de la cama con correas (…) Los menores no podían utilizar el baño mientras estaban sujetos (a pesar de pedirlo) y en algunos casos se veían obligados a orinarse encima».
Un año después, fue el Defensor del Pueblo de España el que denunció ante la Junta de Andalucía determinadas deficiencias en las inmovilizaciones a menores, que durante este año se han vuelto a visibilizar a raíz de la muerte de Iliass Tahiri.
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