A María y a Rosa, cuidadoras migrantes, las echaron de sus trabajos durante la séptima ola, a las dos sin indemnización y a las dos las acusaron de haber llevado el covid a casa de sus empleadores. La primera tenía contrato, la segunda, no.
En los últimos cuarenta años, Asturias perdió nada menos que el 10,68% de su población. La cifra asusta, pero los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística arrojan algo de luz a esta debacle.
En Baleares, el 54% de empleadas trabajó en 2021 sin contrato laboral, sin la cobertura social necesaria frente a la desocupación, enfermedades o accidentes, y sin la posibilidad de disfrutar de vacaciones remuneradas.
