La ley contra el racismo abordará tanto el racismo estructural como el institucional que pueden ejercer los propios poderes públicos. De este modo, se quiere aplicar la perspectiva antirracista en todas las políticas públicas catalanas.
Los detenidos ofrecían ‘packs’ de documentación para regularizar situaciones administrativas, reagrupaciones familiares o ser beneficiarios de prestaciones sociales, tras un pago que oscilaba entre los 250 y los 8.000 euros.
“La detención se llevó a cabo de manera arbitraria, discriminatoria y sin indicios suficientes de la comisión de un delito”, destacan desde la Caravana Abriendo Fronteras en Canarias
“Lo que ha ocurrido es gravísimo. Una vez más, en España, prevalecen las políticas de extranjería frente a las leyes de protección a la infancia.”