Se les exigían cantidades que iban de 3.000 a 10.000 euros mientras se les mantenía hacinados en viviendas, con trabajos sin sueldo y se les maltrataba con sopletes o cuchillos si no seguían las órdenes para evitar ser detectados.
El Ministerio Fiscal “no volvió a comparecer en ninguna de las múltiples diligencias procesales, no informó sobre las múltiples solicitudes de protección de las víctimas y no ha realizado ni la menor de las intervenciones previstas para el acusador público”.
“Mañana vamos a ir para abajo y los vamos a reventar. Estamos preparados al menos 15 tíos. Van a flipar. Estamos armados hasta arriba. Los moros van a morir”, amenazan mientras exhiben armas y mensajes racistas contra personas migrantes en Gran Canaria.
